La audiencia comenzó con una hora de retraso por diferentes razones. Pablo Bauque, defensor de Nadia Belén González, abrió el debate al ser quien había solicitado realizar el encuentro. Solicitó autorización para que su pupila pudiera cobrar un beneficio social y llevar a su hija de cinco años dos veces al jardín de infantes donde concurre dos veces por semana. Realizó ese planteo por que la mujer, de unos 30 años, está cumpliendo arresto domiciliario por haber incumplido la orden judicial de ingresar al microcentro.

La supuesta “mechera” fue detenida semanas atrás porque habría intentado robar un celular en Barrio Norte. El auxiliar fiscal Ricardo Ybáñez, por expreso pedido del fiscal Carlos Picón, solicitó que se le dicte prisión preventiva porque la acusada, al cometer este hecho, habría violado la prohibición de acercamiento que se le impuso por estar imputada de un delito similar cometido un mes atrás en el microcentro.

González, al hacer uso de la palabra, negó su participación en el hecho. Señaló que había concurrido al centro a comprar remedios para su hija que estaba enferma y que no sabía que por esa razón estaba incumpliendo una orden judicial. Un juez había resuelto dictarle la prisión preventiva por 15 días, pero con la modalidad de arresto domiciliario por cuestiones humanitarias, ya que debía hacerse cargo del cuidado de sus hijos.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la representante legal de la víctima se opusieron al planteo realizado por Bauque, al considerar que no había ninguna documentación que respaldara sus dichos. El juez Eduardo González aceptó el planteo, pero ordenó que la imputada sea acompañada por dos efectivos al banco ubicado en 24 de Septiembre al 800. También le dio 30 minutos de tolerancia para que dos días a la semana pueda llevar a la escuela a su hija.

Investigación

“No compartimos el fallo y somos respetuosos de la decisión del magistrado. Eso no significa que no tomemos otras medidas para avanzar con nuestra investigación”, explicó el fiscal Picón.

El investigador adelantó que ya se encuentra analizando el caso. “Queremos determinar qué tipo de beneficio social está cobrando la mujer. Lo hacemos porque estamos tratando de establecer si una persona que está procesada puede seguir cobrando esa ayuda estatal. Si no correspondiera, se realizarán todas las actuaciones correspondientes para darle la baja”, adelantó Picón.

No es la primera vez que surge en una investigación que las “mecheras” cobran un plan social. En 2019, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, había dado precisas instrucciones para que se denunciara en el Anses a unas 30 de personas acusadas de cometer este tipo de delito. El año pasado ocurrió algo similar: el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, informó que de 20 “mecheras” a las que se les había iniciado una causa, al menos 11 percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Solicitaron que también se les dé de baja. Los resultados de estas gestiones no trascendieron.

Persecución

El Poder Judicial había anticipado que con la implementación del nuevo código procesal penal se agilizarían los tiempos y que sería una herramienta eficaz para acabar con lo que ya se conoce en tribunales como “mecherismo”. “Esta es una modalidad delictiva que pesa en la sociedad porque hasta hace poco no tenía una resolución, es decir, no había un castigo”, explicó Picón.

El año pasado, antes de que entrara en vigencia el nuevo digesto, los fiscales comenzaron a aplicar una nueva medida alternativa: prohibir que las mecheras circulen por la zona céntrica mientras dure el proceso en su contra. Si llegan a incumplir con esa medida, afrontan otra acusación: la de incumplimiento a una orden judicial, lo que les permite que se les dicte la prisión preventiva y hasta una condena de cumplimiento efectivo..

Según los datos aportados por fuentes judiciales, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril, se condenó a 21 “mecheras” por hurto y por ese delito más incumplimiento a una orden judicial.

De ese número, seis están cumpliendo la condena de manera efectiva, mientras que las otras 15, penas fueron de carácter condicional. En caso de que sean descubiertas cometiendo ese o cualquier otro delito, deberán cumplirlo tras las rejas y, si vuelven a caer, la pena se irá agravando.

Arrastra 34 causas sin resolver  

El jueves quedó libre y al día siguiente la volvieron a detener

“Cuando llegamos a la comisaría tenía miedo. Ella me decía riéndose que no hiciera la denuncia porque al día siguiente quedaría libre. Y encima los policías que estaban en la seccional 1° le dijeron a ella: ‘¿otra vez aquí?’”, señaló A. F. 

M., quien sufrió un robo de una “mechera” que el día anterior había terminado de cumplir una condena de seis meses por el mismo delito. La acusada es Sandra Tiseira, de 41 años y madre de 11 hijos, quien +, según la víctima, intentó robarle el viernes en Maipú al 300. 

Después de ser detenida, la mujer habría desplegado las típicas tretas que realizan las personas que cometen estos delitos. Primero habría dicho que estaba embarazada (los médicos de la Maternidad confirmaron que no era cierto) para evitar quedar encerrada en un calabozo y luego habría dado cuatro domicilios diferentes.

En la audiencia que se realizó ayer, la auxiliar fiscal Fernanda Antoni Piossek relató que la acusada había sido condenada a seis meses por haber cometido un hurto y aclaró que cumplió la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario porque tenía una niña a quien amamantar. 

Señaló además que tenía otras 34 causas sin resolver, cinco de ellas cometidas entre el 1 de septiembre y hasta diciembre, fecha en la que recibió la pena. Solicitó que se le dicte la prisión preventiva por 60 días de manera efectiva porque no se había demostrado dónde residía y, ante el cúmulo de acusaciones en su contra, podría fugarse para evitar el accionar de la justicia.

La defensora oficial, María Picón, rechazó el pedido por considerarlo excesivo, ya que, dijo, sólo existía una condena en su contra. Además solicitó que si se llegara a aplicar la prisión preventiva, que fuese bajo la modalidad de arresto domiciliario, ya que debía seguir amamantando a su pequeña hija.

La jueza Carmen López rechazó el pedido y ordenó que la imputada sea encerrada en un calabozo durante un mes.